Principio de confidencialidad
Ello está basado en el deber y el derecho del secreto profesional. Es decir, la obligación que tiene el perito de guardar reserva de todo aquello que se le haya manifestado en oportunidad de efectuar una peritación. Su revelación sin justa causa y cuando de ello surja un perjuicio o daño para el causante motivo del peritaje, implicará el delito de violación del secreto.
Consideramos como justa causa, la circunstancia o circunstancias que justifican que el perito pueda revelar todo aquello de que ha tomado conocimiento, precisamente en su específica función pericial para con la justicia, habida cuenta que en tal función deberá expresar todo lo que haya comprobado a la hora de efectuar su dictamen, para conocimiento del magistrado.
No obstante, cabe dejar sentado que, esta particular circunstancia de ninguna manera le permite al perito difundir el resultado de su peritación, lo cual podría estar comprendido en una ruptura de ese principio de confidencialidad y en el delito de violación del secreto profesional.
Asimismo, debemos señalar que el perito, cuando es citado por un Tribunal para exponer sobre el informe pericial, de acuerdo a la norma procesal penal vigente, lo hará como testigo y en tal sentido deberá responder a las preguntas o interrogantes que se le planteen.
El secreto profesional expresa el compromiso del cuerpo médico para con los usuarios. La contrapartida a éste es la confidencialidad de los mismos. (1)La confidencialidad es una norma moral que se debe cumplir, pues al hacerlo, se respeta un principio moral superior jerárquicamente, que es el de autonomía. Su cumplimiento permite el establecimiento de una buena relación médico -paciente, facilita y protege la comunicación entre ambos.
El secreto nos posiciona en un lugar privilegiado para ayudar a los individuos y a la comunidad a tomar decisiones mejores en la gestión de su salud. El mismo como no podía ser de otra manera, forma parte del secreto profesional y su existencia proviene del mismo Juramento Hipocrático ("De aquello que vea u oiga en el ejercicio o aún fuera del ejercicio de mi profesión, silenciar lo que jamás deba divulgarse, observando la discreción como un deber para semejantes casos"). Como se expresa en los artículos 20, 21 y 22 del Código de Ética Médica del sindicato Médico del Uruguay y de la Federación Médica del Interior.
A través de la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TUE ) se concluye que los abogados que ejercen sus funciones dentro de una empresa no están obligados a mantener la confidencialidad de sus conversaciones con sus clientes, dentro del ámbito de derecho comunitario sobre competencia.
El asunto tiene su orígen en el famoso recurso presentado por AKZO NOBEL (2003) juicio donde la Comisión Europea ordenó a la empresa y a su filial AKROS CHEMICALS recabar pruebas para verificar si se había incurrido en posibles prácticas contrarias a la libre competencia.
Al examinar la documentación confiscada en las empresas se encontraron dos copias escritas de dos correos electrónicos entre el Director General y el coordinador de Azko Nobel, un abogado perteneciente al colegio de abogados holandés que formaba parte del gabinete jurídico de Azko Nobel, además empleado por la compañía.
Ante ello el TUE ha dado recientemente la razón al demandado, y ha resuelto que efectivamente las comunicaciones no están protegidas por el derecho a la confidencialidad entre abogados y clientes.
El tribubal de Justicia de la Unión europea sostiene que aunque un abogado está sometido a un principio de secreto profesional, considera que la dependencia entre el abogado interno y el estrecho vínculo con su empresa hace que posea una independencia profesional similar a la de un abogado externo, también sostiene que en las legislaciones de los países comunitarios no hay una tendencia clara a favor de reconocer el beneficio de la protección de la confidencialidad de las comunicaciones de los letrados de empresa.
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